Revista de Estudios Europeos

INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS

Gloria FERNÁNDEZ ARRIBAS
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Ángela HALCÓN LERDO DE TEJADA
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Irene SERRANO LÓPEZ
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

 

Revista de Estudios Europeos, n.º 67 Ene./Jun. 2016, págs. 101-121, ISSN 1132-7170

 

Resumen

En este trabajo se analiza la existencia de un derecho a solicitar asilo tanto en el territorio del Estado como en frontera. Para ello se toman en consideración la normativa internacional sobre la materia, y la normativa de la Unión Europea, concretamente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva de Procedimiento. El objetivo es determinar si Hungría mediante el rechazo en frontera de los refugiados, así como mediante la imposición de sanciones penales por el cruce ilegal, según la normativa húngara, de frontera, vendría a estar violando dicho de derecho a solicitar asilo. La confirmación de dicha violación, junto con la posible confirmación de las violaciones relativas a los procedimientos de asilo señaladas por la Comisión Europea en la carta de emplazamiento enviada a Hungría en 2015, planteamos podría permitir considerar a Hungría como país “no seguro” siendo de aplicación el artículo 3.2 del Reglamento de Dublín.

Summary 

This paper analyzes the existence of a right to seek asylum both, in the territory of the State and in the border of the State. For this purpose the international regulations on the matter, and the regula- tions of the European Union (namely the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Directive of Procedure) are taken into consideration. The aim is to determine whether Hungary through the border rejection of refugees, as well as by imposing criminal penalties for the illegal crossing, accord- ing to the Hungarian legislation, would violate the right to seek asylum. The confirmation of such a violation, along with the possible confirmation of violations concerning asylum procedures outlined by the European Commission in the letter of formal notice sent to Hungary in 2015, could allow considering Hungary as a “non-safe” country and applying article 3.2 of the Dublin Regulation.